El crecimiento sostenido del juego en línea en Chile contrasta con la falta de una regulación consolidada, situando al mercado en una encrucijada crítica: avanzar hacia un entorno seguro y competitivo, o arriesgarse a quedar rezagado frente a sus pares regionales.
En diciembre de 2023, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley para regular el juego en línea, lo que representó un paso significativo hacia la formalización del sector. Este proyecto contemplaba la creación de un mercado competitivo de iGaming, con medidas para proteger la salud y seguridad de los jugadores, y otorgaba nuevas facultades a organismos reguladores como la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) .
El objetivo: modernizar un mercado que ya supera los USD 3.100 millones anuales y proteger a los jugadores, fiscalizar a los operadores e integrar este sector a la economía formal.
A pesar del avance inicial, el proyecto de ley se encuentra estancado en el Senado, específicamente en la Comisión de Hacienda. La presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juego (ACCJ), Cecilia Valdés, describe el proceso como «lento y fragmentado», señalando la falta de voluntad política como una de las principales causas del retraso.
Chile está en la antesala de una transformación clave en el mercado del juego en línea.
¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué es importante actuar ahora?
El proyecto de ley apunta a consolidar un mercado de juego en línea competitivo, transparente y debidamente fiscalizado, alineando a Chile con la tendencia regulatoria ya adoptada por países como Perú y Brasil. Ambos han avanzado significativamente en la implementación de marcos normativos desde inicios de 2024, lo que deja a Chile en una posición rezagada frente a sus pares, y cada vez más atractivo para operadores no autorizados que han sido excluidos de otras jurisdicciones.
Un estudio reciente estima que el mercado chileno de juego en línea alcanzó los USD 3.100 millones en 2024, y que una regulación efectiva permitiría canalizar esa actividad hacia esquemas formales, generando hasta USD 800 millones anuales en impuestos.
La ausencia de un marco regulatorio claro también impacta directamente en la protección al consumidor. Esta indefinición dificulta la implementación de medidas efectivas de juego responsable, limita la fiscalización de la publicidad dirigida a menores y abre espacio a prácticas abusivas por parte de operadores que actúan al margen de la ley.
¿Qué implicaría una regulación efectiva?
Una legislación moderna en materia de juego en línea no solo ordenaría el ecosistema actual, sino que generaría múltiples beneficios para el país y para los operadores que decidan actuar dentro del marco legal. El proyecto en discusión contempla:
- Licencias renovables por cinco años, otorgadas por la Superintendencia de Casinos de Juego, que permitirían operar plataformas de apuestas y juegos en línea bajo condiciones definidas.
- Un impuesto específico del 20% sobre los ingresos brutos del juego (GGR), además del IVA correspondiente (19%), alineando la actividad con los principios tributarios del país.
- Contribuciones adicionales de un 2% con destino al financiamiento de actividades deportivas nacionales, fortaleciendo el vínculo entre la industria y el desarrollo social.
- Exigencias de localización tecnológica, transparencia en los algoritmos y controles antifraude, orientados a elevar el estándar técnico del sector.
- Mecanismos de exclusión voluntaria, monitoreo del juego problemático y herramientas de protección al usuario, esenciales para un entorno responsable y sostenible.
Este marco normativo permitiría atraer inversión, dar certezas jurídicas a los operadores, fomentar la competencia leal y asegurar una recaudación fiscal significativa. Pero sobre todo, sentaría las bases para un entorno de juego seguro, responsable y alineado con las mejores prácticas internacionales.
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